por Miguel Angel Taroncher
El martes 28 de junio se conmemoran cincuenta años del derrocamiento del gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo presidida por Arturo Umberto lllia.
El golpe de estado y la dinámica autoritaria que daría lugar a la “Revolución Argentina” devorarían, en su transcurso, a un gobierno civil y a dos de sus generales presidentes. La conspiración cívico militar que puso fin al gobierno constitucional fue motorizada desde el ejército por los que fueran dos de sus comandantes en jefe: el general Juan Carlos Onganía y luego, tras su renuncia en noviembre de 1965 con el fin de convertirse en “la reserva moral de la nación” para encabezar la futura tiranía militar, el general Pascual Pistarini, encargado de desencadenar el golpe, pese a los esfuerzos del legalista secretario de Guerra general Eduardo Castro Sánchez, que se consuma con la expulsión del presidente de la Casa Rosada el 28 de junio de 1966 y conferir al día siguiente la suma del poder público, por tiempo indeterminado, a quien Mariano Grondona, desde su columna política en Primera Plana, había denominado como el “Moisés” que señalaba los rumbos de “la tierra prometida”, del autoritarismo redentor y de las soluciones drásticas a los complejos problemas que afrontaba la Argentina de la década del sesenta.
El golpe de estado se propone resolver la conflictividad sociopolítica prohibiendo los partidos políticos y disolviendo el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y concejos deliberantes para absorber en su interior, y con el recurso de la fuerza como toda razón, el intenso conflicto planteado por el choque entre empresarios, sindicalistas, fuerzas armadas y un sistema de partidos débil en un periodo signado por la antinomia peronismo-antiperonismo, panorama agravado por los diferentes grados de proscripción del partido mayoritario.
Los difíciles comienzos de la “Revolución democrática”
Con la llegada de Illia a la presidencia se iniciaba un proceso de transición hacia la democracia, luego de un proceso electoral interferido por los militares azules, “legalistas”, que impidieron, mediante diversas e intrincadas trabas jurídicas de todo tipo, la participación electoral del peronismo y el frondizismo que habían logrado conformar, el Frente Nacional y Popular.
El grueso de los votos peronistas elegirán la abstención, el voto en blanco y en menor medida la opción por Oscar Alende (UCRI) y hasta al mismo Arturo Illia (UCRP) frente a la posibilidad de triunfo del general Pedro Eugenio Aramburu (Udelpa).
El gobierno de los militares azules “legalistas”, Juan Carlos Onganía, Osiris Villegas y Alcides López Aufranc, que deslegitimaron el proceso electoral con proscripciones de último momento dejaba una pesada herencia al gobierno civil surgido de las elecciones del 7 de Julio de 1963. Sin embargo, el reto de restaurar la democracia anulada por el gobierno cívico militar de José María Guido fue asumido.
El 12 de octubre de 1963, cuando Arturo Umberto Illia jura como presidente propone, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, un inspirador desafío, realizar: “La gran revolución democrática, la única que el pueblo quiere y espera” ya que “La democracia argentina necesita perfeccionamiento; pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. (…) [que] no podrá lograrse a no ser que estemos resueltos a aceptar modificaciones sustanciales en las actuales estructuras económico-sociales de nuestro país”. En realidad, el golpe de estado es la respuesta a un programa: la democracia social y económica como fórmula específica de resolución del complejo panorama político y económico que, por sus efectos sobre las estructuras autoritarias y concentradas sería impugnada por los poderes corporativos: fuerzas armadas, sindicatos y establishment económico, nacional e internacional.
Economía, política y sociedad en la tormenta corporativa
Desde esta concepción social de la democracia se implementó una política económica keynesiana, heterodoxa y gradualista, que anuló los contratos petroleros firmados por Frondizi con compañías extranjeras, redujo la deuda externa en casi un tercio del monto heredado, impulsó el crecimiento del PBI, disminuyó la inflación y redistribuyó el ingreso hacia la clase media y trabajadores mediante el aumento del presupuesto educativo, la copa de leche, la regulación de las inversiones foráneas hacia la producción, el mercado único de cambios, la prohibición de exportar moneda extranjera, la nacionalización de los depósitos en dólares, la obligación de liquidación de divisas por exportaciones en veinticuatro horas, la venta de la cosecha récord de granos a China comunista mediante la FAO en plena Guerra Fría, fue destacado el apoyo a la banca y emprendimientos cooperativistas. A estos decretos se sumaban leyes, aprobadas por consenso en un congreso en el que la UCRP tenía minoría en la Cámara de Diputados, como la del Salario Mínimo Vital y Móvil, de Abastecimiento que permitía congelar precios que estipulaba penas extremas a los especuladores y de Especialidades Medicinales que congelaba los precios de los medicamentos.
La reglamentación de la Ley de Asociaciones Profesionales que prescribía la representación de las minorías en los gremios y el control estatal de sus fondos junto con la derrota electoral en Mendoza del candidato del todopoderoso Augusto Vandor por el candidato de Perón volcó a gran parte del gremialismo hacia la opción golpista. Todas ellas, desató la beligerancia del poder económico y financiero nacional y transnacional. El golpe del 28 de junio impuso el retorno a los enfoques liberales ortodoxos y programas de ajuste pautados con organismos financieros internacionales aplicados a partir de 1955.
En el plano político la expansión democrática, intentó emancipar al Poder Ejecutivo de la tutela militar, anmistió a los presos políticos del frondizismo, legalizó la participación electoral del Partido Comunista y del peronismo que participa y gana, bajo la denominación de Unión Popular, en las elecciones legislativas de 1965, aunque el año anterior, por presiones militares e internacionales, se impidió el regreso de Perón al país.
El presidente contaba con pocas herramientas para contrarrestar la reacción autoritaria, un partido y un gobierno divididos, una opinión pública que mediante semanarios de gran circulación en la clase media, Primera Plana y Confirmado fundados por Jacobo Timermman y Todo y Extra por Bernardo Neustadt, financiados por los sectores perjudicados, prácticamente desde el principio de su mandato legitimaban la opción del golpe y del adusto carisma de Onganía, denostando al presidente y a sus colaboradores de una forma hasta entonces solo vista en la prensa contraria a Yrigoyen. El 30 de junio comenzaron detenciones, sin juicio previo, sólo por las sospechas sembradas por la prensa, de funcionarios del gobierno depuesto quienes en poco tiempo debieron ser liberados por no poder comprobarse las acciones dolosas que se presuponían.
No fue el caso de funcionarios aislados sino de un gobierno con altas performances de honestidad a la par que importantes obras realizadas. El golpe de estado planteado por Onganía como “una auténtica revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo” y “el fin de un proceso de deterioro” implantó un régimen de violencia que agravó los problemas que intentaba solucionar y que fue la respuesta de la Argentina corporativa al proyecto de instaurar una democracia social y económica.
(*): Departamento de Historia. Cehis/Celehis. Facultad de Humanidades. UNMdP.